Hipólito Mejía Domínguez
Ex Presidente de la República Dominicana
Algunas precisiones con respecto al documento del
CSIS.
Es entendible que el informe del programa Américas
del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales por sus siglas en Inglés (CSIS)
levante ronchas y comentarios en alguna gente que intenta desconocer las
verdades que contiene el documento.
El informe en cuestión, se limita a recoger los
hechos que resultan del bien elaborado esquema de asalto a los poderes públicos,
iniciado con la corrupción del régimen electoral dominicano y la instalación
del más vulgar y deplorable sistema clientelista, ejecutado por Leonel
Fernández en la búsqueda de su reelección en los comicios del 2008.
Fue en las elecciones de 2010 cuando se consumó el
propósito de Leonel Fernández de controlar el Poder Legislativo a través del
Congreso Nacional para desde allí imponer sus planes de reelección y el control
del Consejo Nacional de la Magistratura, de donde emana el Poder Judicial.
Todas esas acciones fueron previas al debate
público relacionado con la reforma Constitucional que posibilitó el asalto de
los Tribunales Superiores.
En el momento en que se presenta la Reforma
Constitucional, el PLD necesitaba el apoyo que le aportó el nefasto pacto de
las corbatas azules, mediante el cual, Miguel Vargas, sumó los votos del PRD, para
facilitar la maquiavélica trama de Leonel Fernández y así poner en manos del
partido morado todos los poderes del Estado.
Esa concentración de poderes es la que ha hecho
posible el insólito crecimiento de la corrupción en los gobiernos de Leonel
Fernández. Y es, también, esa falta de voluntad para perseguir la corrupción y
mantener vigente el estado de impunidad, uno de los mayores pecados del
gobierno de Danilo Medina.
Otro elemento de esa trama ha sido atraer, en
base a la repartición de prebendas de los fondos públicos, a algunos partidos
minoritarios y no tan minoritarios como es el caso de un sector del Partido
Reformista, que más que un aliado, ha sido prácticamente absorbido por el PLD
en una deliberada política de anular la oposición.
Parte de ese propósito de liquidar toda
posibilidad contestataria de los partidos, es el plan que ejecuta Leonel
Fernández con el Partido Revolucionario Dominicano, a través del control que
ejerce del Tribunal Superior Electoral, el cual ha impedido que el PRD aplique
sus estatutos y realice una Convención democrática como corresponde en el
presente año.
Para sustentar su política de clientelismo y
compra de voluntades, con el antidemocrático propósito de impedir la expresión
libérrima de los votantes, sólo en el año 2012 el gobierno de Leonel Fernández
generó un déficit superior a los 200,000 millones de pesos, sin que las
violaciones a la Ley de Gastos Públicos cometidas por Leonel Fernández hayan
merecido la más mínima expresión de rechazo de los poderes públicos, porque
todos ellos se encuentran en sus manos.
Además, el gobierno de Danilo Medina continúa la
dañina política económica de Leonel Fernández caracterizada por la ejecución de
un presupuesto deficitario, con endeudamiento
irresponsable y despilfarro en el gasto
corriente, empeorando así las condiciones de vida de la población.
Como una clara demostración del tráfico de
influencias se destaca la formación de la Fundación Global y Desarrollo
(FUNGLODE), cuyo capital inicial está conformado por un cheque de diez millones
de pesos proveniente de los fondos de los ahorristas del Banco
Intercontinental, por una parte, y por la otra, por aportes “voluntarios” de
contratistas del Estado que tenían cuentas pendientes en el banco de favores
gubernamentales.
Este déficit que acabamos de mencionar, junto a
los déficits recurrentes de los años 2009, 2010 y 2011, ha dado como resultado
un exagerado incremento de la deuda pública, el cual el gobierno ha intentado
paliar con la ejecución de seis reformas fiscales que en lugar de contribuir a
mejorar las finanzas del país, sólo han servido para el enriquecimiento de la
corporación PLD, integrada por los principales dirigentes de ese partido,
quienes han sustituido como “hombres de negocios” a los empresarios,
comerciantes e industriales tradicionales.
Como resultado de esa política, tanto los
organismos internacionales como los expertos locales, subrayan el pobre
desempeño de los gobiernos del PLD, que se expresa en un incremento de la
pobreza, una baja inversión pública en educación, salud y vivienda, una alta
tasa de desempleo y la pérdida de competitividad de los sectores productivos. A
todo esto se le añade el aumento incontrolable de la inseguridad ciudadana.
El manejo y abuso de los poderes públicos se
manifiesta en un sainete judicial que se ha repetido con el mismo molde en todos
los casos de negación de justicia, tales como el encaminado por el Dr.
Guillermo Moreno, donde se proclama la triste decisión de que FUNGLODE tuvo un
nacimiento pulcro y legal, a pesar de las abundantes evidencias a contrario; es
oportuno mencionar la infausta decisión de la Suprema Corte de Justicia en el
caso de la Sun Land, cuyo presidente de entonces, el Dr. Jorge Subero Isa,
declaró recientemente, de manera voluntaria, que esa sentencia fue de “tipo
político”, lo que pone de manifiesto la reiterada interferencia de los
gobiernos del PLD en las decisiones de esa corte.
La impunidad se ejerce con tal descaro que el Ministerio
Público se negó a investigar algo que es Vox Populi: el turbio origen de
FUNGLODE.
La trama puesta en práctica por Leonel Fernández
y el PLD, de apoderarse de los poderes públicos, subyugar la democracia y
eliminar todo ejercicio de oposición efectiva, nos lleva a concluir que estamos
frente a una franca vocación absolutista, aunque esta vez, se le imprima el
carácter de dictadura constitucional.
19 de noviembre de 2013
