Hipólito Mejía
reivindica el dialogo y el consenso para la gobernabilidad democrática.
México, D.F.- El ex presidente
de la República, Hipólito Mejía, afirmó aquí que los espacios de diálogo y
consenso son necesarios para lograr que actores con diferentes cuotas de poder,
como son los gobiernos, los partidos, el sector privado y la Sociedad Civil
interactúen y asuman compromisos alrededor de metas colectivas.
Manifestó
que la gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión, que
se influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los
ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder.
“La
gobernabilidad no se limita a los derechos políticos, cuya principal expresión
es el derecho al voto, sino también al conjunto de derechos económicos,
sociales, humanos y otros, siendo los gobiernos responsables de garantizar a
sus gobernados el ejercicio de dichos derechos”. Dijo
Aseguró
que la gobernabilidad tiene dos fuentes principales de legitimidad: la
credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción de las expectativas
de bienestar económico y social de los ciudadanos.
Por
lo tanto, continuó, en las democracias los conflictos se originan, en primer
lugar, cuando se pretende sacrificar los derechos y las libertades básicas de
los ciudadanos, en nombre de la preservación del gobierno o de intereses
particulares de las cúpulas gobernantes.
Aseguró
que por su experiencia puede decir que, se crean conflictos cuando los
gobiernos resultan incapaces de satisfacer las demandas y necesidades
económicas y sociales de los pueblos de lo que se deriva que, para lograr una
genuina gobernabilidad democrática es imprescindible, la participación
ciudadana a través de las diversas organizaciones de la Sociedad Civil, en la
definición de prioridades, alcances y ejecución de las políticas públicas.
Dijo
que la existencia de espacios institucionales participativos contribuye
significativamente al éxito de la gobernanza, por lo que debe insistirse que la
gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la
participación, y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes
actores políticos y sociales.
Expresó
que la región ha tenido avances significativos en los aspectos formales de la
democracia, pero han sido insuficientes en lo que corresponde a la solución de
las necesidades básicas y la creación de mejores oportunidades de progreso.
Resaltó
que los distintos intereses, en una democracia, se traducen en la diversidad de
retos para la gobernabilidad democrática y que la cohesión social se logra
cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos,
para junto a la Sociedad Civil canalizar esos intereses hacia una agenda común
en beneficio de la mayoría.
Acusa
a Leonel de distorsionar los valores democráticos en el país.
El
Presidente Hipólito Mejía denunció hoy en México que el gobierno de Leonel
Fernández usó y abusó de más de 4 mil 675 millones de dólares de los recursos
del gobierno como parte de un plan para que su partido permaneciera en el
poder, distorsionando a si los valores fundamentales de la Democracia.
Al
pronunciar una conferencia magistral ante el III Foro de la Democracia
Latinoamericana, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, el
Instituto Federal Electoral y el Colegio de México, el ex mandatario dijo que
esos recursos fueron usados para la compra de votos, espacio en los medios e
inducir la abstención a través de diversos medios.
Mejía
inició su conferencia a las 10 de la mañana, hora dominicana.
Además
denunció las anomalías cometidas por la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior
Electoral, integrados mayoritariamente por miembros o vinculados al partido del
gobierno.
La
conferencia fue dictada ante una concurrencia que integraban e presidentes de
América Latina, el Secretario General de la OEA y
Además
de Hipólito Mejía, de República Dominicana, destacadas personalidades de la
política, la academia y el periodismo participan en el simposio, entre ellos
los ex presidentes José Manuel Zelaya de Honduras; y Carlos Mesa de Bolivia; el
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; el Secretario General de
IDEA Internacional, Vidar Helgesen; el Consejero Presidente del IFE, Leonardo
Valdés; el presidente del Colegio de México, Javier Garciadiego; y el
presidente de la Mesa Directiva del Senado mexicano, Ernesto Cordero.
También
participan el Canciller de Paraguay, Jorge Lara; el ex canciller argentino
Dante Caputo; el candidato presidencial de Egipto Hamdeen Sabahi; la Secretaria
Ejecutivade la CEPAL, Alicia Bárcena y el Secretario de Asuntos Políticos de la
OEA, Kevin Casas-Zamora, entre otros.
Durante
tres días, los asistentes abordarán los ejes temáticos de política,
representación y gobernabilidad. El Secretario General de la OEA hablará en la
sesión inaugural del Foro, junto al Presidente del Colegio de México, el Secretario
General de IDEA Internacional y el presidente de la Mesa Directiva del senado
mexicano. Además, en la primera jornada se presentó el Informe de la Comisión
Globalsobre Democracia, Seguridad y Elecciones; habrá un Diálogo sobre ética y
política; y se realizarán sendas sesiones con los títulos "Legalidad y
legitimidad. Reflexiones desde el poder" y "El acceso al poder: ¿las
elecciones deciden?".
TEXTO INTEGRO DE LA
PONENCIA DE HIPOLITO MEJIA EN MEXICO.
Distinguidos
miembros de la mesa de honor
Señoras y señores:
Deseo agradecer a
los organizadores de este Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana, su
amable invitación a compartir mis reflexiones sobre la gobernabilidad
democrática, con los distinguidos participantes a este evento.
Las ideas que
presentaré sobre el tema están basadas en mis vivencias como Jefe de Estado y
como dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que durante
setenta años ha sido clave en la construcción y fortalecimiento de la
democracia dominicana.
Al referirnos al
concepto de gobernabilidad democrática estamos asumiendo que puede existir otro
tipo de gobernabilidad, no sustentada en los principios y valores de la
democracia.
Tal y como han
planteado los estudiosos del tema, la gobernabilidad y la democracia constituyen
dos fuerzas en tensión, que se influyen mutuamente para garantizar la
participación y los derechos de los ciudadanos y asegurar la estabilidad
política en el ejercicio del poder.
La gobernabilidad
no se limita a los derechos políticos, cuya principal expresión es el derecho
al voto, sino también al conjunto de derechos económicos, sociales, humanos y
otros, siendo los gobiernos responsables de garantizar a sus gobernados el
ejercicio de dichos derechos.
La gobernabilidad
tiene dos fuentes principales de legitimidad: la credibilidad de los procesos
electorales y la satisfacción de las expectativas de bienestar económico y
social de los ciudadanos.
Por lo tanto, en
las democracias los conflictos se originan, en primer lugar, cuando se pretende
sacrificar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, en nombre
de la preservación del gobierno o de intereses particulares de las cúpulas
gobernantes.
En segundo lugar,
se crean conflictos cuando los gobiernos resultan incapaces de satisfacer las
demandas y necesidades económicas y sociales de los pueblos.
De lo anterior se
deriva que, para lograr una genuina gobernabilidad democrática es
imprescindible, la participación ciudadana a través de las diversas organizaciones
de la Sociedad Civil, en la definición de prioridades, alcances y ejecución de
las políticas públicas.
La existencia de
espacios institucionales participativos contribuye significativamente al éxito
de la gobernanza.
Debe insistirse que
la gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la
participación, y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes
actores políticos y sociales.
Los espacios de
diálogo y consenso son necesarios para lograr que actores con diferentes cuotas
de poder, como son los gobiernos, los partidos, el sector privado y la Sociedad
Civilinteractúen y asuman compromisos alrededor de metas colectivas.
La región ha tenido
avances significativos en los aspectos formales de la democracia, pero han sido
insuficientes en lo que corresponde a la solución de las necesidades básicas y
la creación de mejores oportunidades de progreso.
Los distintos
intereses, en una democracia, se traducen en la diversidad de retos para la
gobernabilidad democrática.
La cohesión social
se logra cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los
gobiernos, para junto a la Sociedad Civil canalizar esos intereses hacia una
agenda común en beneficio de la mayoría.
Por tanto, superar
la precaria cohesión social que prevalece en la región es uno de los
principales retos para la gobernabilidad democrática, tal como se ha puesto en
evidencia en una buena parte de los países de América Latina y el Caribe.
Ese reto requiere
que los gobiernos, junto a la sociedad civil, trabajen para superar la
exclusión que sufren amplios sectores de la población.
Esa exclusión no es
sólo de naturaleza económica. Aunque, la negación de los derechos económicos,
especialmente el derecho a un empleo decente y la pobreza que se deriva como
consecuencia, es, sin duda, una de las causas principales del déficit de
gobernabilidad democrática en nuestros países.
Ahora bien, es
imperativo reconocer que los ciudadanos son mucho más que agentes económicos y
que sus aspiraciones incluyen, el disfrute de mejor calidad de vida y un mayor
acceso a los beneficios y oportunidades del mundo moderno.
Es precisamente la
incapacidad de los gobiernos de solucionar las demandas de los ciudadanos, lo
que crea los déficits y las crisis de gobernabilidad en nuestro hemisferio.
Nuestra región se
caracteriza por tener altos niveles de desigualdad, una elevada tasa de
desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, una mala calidad del
gasto y de la inversión pública e insuficiente inversión en infraestructura
productiva.
La región, también
muestra deficientes sistemas educativos, pobre calidad de los servicios
básicos, pocas oportunidades para sectores vulnerables tales como los jóvenes,
las mujeres, los campesinos, los envejecientes, los discapacitados y otros.
Uno de los
principales retos que enfrentamos es el grave problema del hambre, cuya
incidencia contribuye a profundizar la pobreza y crear daños irreversibles en
la niñez.
El insuficiente
apoyo a la agricultura afecta el ingreso de la familia rural y el costo de los
alimentos, lo que incide en la seguridad alimentaria y promueve las migraciones
que engrosan los cordones de miserias de las principales ciudades del
hemisferio, agravando la exclusión social y erosionando la gobernabilidad
democrática.
Otro de los grandes
retos que enfrentamos está asociado a la degradación acelerada de nuestros
recursos naturales y el medio ambiente que amenaza con producir daños
irreversibles a la diversidad ecológica, la disponibilidad de agua y la
capacidad productiva de la región.
Necesitamos
políticas públicas dirigidas a contrarrestar el impacto que tienen el cambio
climático y los desastres naturales sobre la economía y las condiciones de vida
de la gente más pobre de nuestros pueblos y su repercusión sobre la
gobernabilidad.
La
descentralización del poder es otro importante aspecto de la gobernabilidad que
deseo enfatizar.
La transferencia de
capacidades y mayores funciones a los gobiernos locales, ayuntamientos y
municipalidades, es uno de los principales instrumento para fortalecer la
democracia y acercar el gobierno a los ciudadanos.
Permítanme
referirme ahora a otros retos importantes como son aquellos de naturaleza
política.
Algunos sostienen
que la democracia ha alcanzado un alto grado de madurez en América Latina.
Lo cierto, sin
embargo, es que el ejercicio de la democracia en la región, aun debe superar un
conjunto de dificultades que ponen en riesgo su existencia.
Una de ellas es la
falta de credibilidad de los procesos electorales. Sin procesos electorales
confiables y transparentes, en donde se exprese y se respete la voluntad
popular, es imposible tener gobiernos legítimos que garanticen la
gobernabilidad democrática.
Para muchos
ciudadanos el ejercicio del derecho a votar en las elecciones, es el único
recurso disponible para ejercer la ciudadanía. Cuando se distorsiona ese
derecho, se crea un caldo de cultivo para la crisis de gobernabilidad.
Lograr la
credibilidad en los procesos electorales requiere revestirlos de absoluta
transparencia.
Para eso es
imprescindible superar las deficiencias en: organización de las elecciones,
observación electoral, acceso a los medios de comunicación, uso de los recursos
públicos, imparcialidad en el arbitraje y los recursos para financiar la
campaña, entre otros aspectos.
Un tema que reviste
particular importancia, se refiere a la creciente capacidad del narcotráfico
para incidir en los procesos electorales, a través de permear los partidos
políticos, e influir en la elección de candidatos, desde el ámbito local hasta
la Presidencia de la República.
Otro de los grandes
retos que enfrenta la gobernabilidad en el hemisferio, es la impunidad que
ampara la corrupción que socava la administración pública.
Esto es así porque
la corrupción distrae los recursos de los gobiernos para atender las
necesidades de la población y pervierte el espíritu de servicio de las
instituciones.
No podemos dejar de
mencionar la creciente inseguridad ciudadana, como una de las más importantes
amenazas a la gobernabilidad de la región.
Un país acosado por
el miedo carece de una genuina gobernabilidad.
Tal y como hemos
expresado la organización de los procesos electorales transparentes es una
condición necesaria para la elección de gobiernos legítimos.
Sin embargo, es
frecuente en algunos de nuestros países, que los órganos electorales sean
distorsionados por la parcialidad de sus directivos, por la injerencia de
estamentos de poder y por la falta de integridad de sus componentes, entre
otros aspectos.
La garantía del
ejercicio de un sufragio universal, libre e igualitario, sin coerciones, tiene
que comenzar por una selección consensuada de los responsables de gestionar los
procesos electorales.
Es una
responsabilidad ineludible de las autoridades que integran nuestros respectivos
sistemas electorales, impedir el uso y abuso de mecanismos del poder político,
represivos, administrativos y materiales, especialmente el uso de fondos del
erario, de manera directa o indirecta, a favor de determinados candidatos.
En este sentido, la
garantía de los derechos ciudadanos y las libertades universalmente consagradas
deberían ser el norte que inspire la gestión de los sistemas electorales, en un
marco de transparencia, equidad y plenitud del estado de derecho.
De igual manera, el
gasto desmesurado de las campañas electorales, actúa como un mecanismo
distorsionante del proceso, y desvirtúa la naturaleza propositiva de las
candidaturas, creando sistemas que triunfan en la medida de su capacidad
recaudatoria.
Esta realidad hace
imperativa la regulación del gasto de las campañas electorales como garantía de
una participación justa y equitativa de sus actores.
De ahí mi
manifiesta preocupación ante las violaciones a la Constitución, las leyes y los
acuerdos internacionales, aprobados por el Congreso de cada nación y la
interrogante que surge, ¡de para qué sirven todas estas legislaciones si a la
hora de ponerlas a prueba se violan impunemente!.
Tomemos como
ejemplo de esta afirmación la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en
cuyos artículos 23, 24 y 25 establece la forma idónea en que los Estados se
comprometen a organizar procesos electorales libres, transparentes y justos,
incluyendo la observación electoral.
Sin embargo, la
experiencia enseña que, en ocasiones, los observadores llegan cuando el
gobierno y los órganos electorales ya tienen montado el andamiaje que permite
realizar maniobras violatorias de la legislación electoral y las normas
democráticas.
Estoy convencido,
de que la observación puede contribuir a la transparencia de los procesos
electorales en la región, siempre y cuando adopte un mayor grado de
independencia con respecto a los órganos electorales de los países y se enfoque
en la defensa del interés de los ciudadanos.
Para ilustrar la
relación que existe entre procesos electorales viciados y la gobernabilidad
democrática, solicito su anuencia para compartir la experiencia de lo
acontecido en las pasadas elecciones dominicanas.
Sin lugar a dudas,
la democracia dominicana ha dado importantes pasos de avance en los últimos
años, al punto de ser considerada por muchos como una democracia fuerte.
Esa percepción, fue
la causa de que algunos organismos de observación electoral consideraran
innecesario involucrarse en las elecciones dominicanas del pasado 20 de mayo.
A pesar de esa
imagen de democracia fuerte, en nuestro país ocurrieron los siguientes hechos:
En primer lugar
tenemos las anomalías cometidas por los dos órganos electorales: la Junta CentralElectoral
y el Tribunal Superior Electoral, los cuales fueron integrados mayoritariamente
por miembros o vinculados al partido del gobierno.
Ambos organismos
mostraron públicamente su parcialidad a favor de los candidatos del partido de
gobierno, al actuar de espalda a la transparencia y a la equidad.
Otro hecho
alarmante fue el uso y abuso de los recursos del poder, por el pasado gobierno,
el cual, en su afán de imponer al candidato de su Partido incurrió en el uso
abusivo de fondos multimillonarios no contemplados en la Ley de Presupuesto
Nacional.
Esas acciones han
generando un déficit de más de 4 mil 675 millones de dólares equivalente al
ocho por ciento del Producto Interno Bruto, algo sin precedente en la historia
de nuestro país.
Estos recursos
fueron usados entre otras acciones para la compra de espacios de radio,
televisión y prensa escrita, compra de votos, cedulas y para inducir la
abstención a través de diversos medios.
Preocupa de manera
particular que en dichas elecciones hubo una abierta expresión clientelista
mediante la manipulación de los beneficiarios más pobres de los programas
sociales. Muchos de ellos fueron amenazados de perder su ayuda de no apoyar al
candidato del gobierno.
Otro abuso de poder
fue el uso de la fuerza armada y la policía contra la oposición.
Para mayor
ilustración de lo que acabo de afirmar, estoy entregando por secretaría copias
de un informe referente al proceso electoral dominicano.
Los hechos
señalados ponen en evidencia la debilidad de las instituciones democráticas y
el déficit de gobernabilidad que existe en la República Dominicana.
En ese momento, la
sensatez de las fuerzas políticas, los movimientos sociales y el liderazgo
opositor fue lo que impidió que ese déficit se convirtiera en una crisis de
gobernabilidad.
Consciente como
estoy, de que lo acontecido en nuestro país debe servir de experiencia, para
que estos hechos no se repitan en ninguna otra nación del hemisferio ni en la
República Dominicana, me permito hacer las siguientes propuestas:
En primer lugar:
hacer los correctivos para revestir los sistemas electorales de la mayor
credibilidad y transparencia a fin de que sean la expresión de los intereses
ciudadanos y no del partido que controla la instancia donde se designan los
órganos electorales.
En segundo lugar:
que la OEA, los partidos, la sociedad civil y las diferentes instancias
organizadas de los pueblos del hemisferio, nos avoquemos de manera urgente a
mejorar los mecanismos de observación a fin de que su trabajo se realice
durante todo el proceso.
La observación debe
cubrir desde la organización, la campaña, el escrutinio y la emisión de
resultados de la jornada electoral, facultando al observador con los mecanismos
de monitoreo y de intervención oportuna para la corrección de aspectos críticos
del proceso.
En tercer lugar se
hace necesario que la observación electoral sea sustentada en un protocolo que
provea armonía, independencia, presencia y homogeneidad a los procedimientos de
observación.
Por último,
propongo que en nuestros países se aprueben y mejoren legislaciones electorales
que regulen los gastos y aportes económicos en las campañas políticas, las
acciones de los funcionarios del gobierno y un sistema de consecuencias por
delitos y faltas electorales.
Señoras y señores,
está en nuestras manos la ineludible tarea de fortalecer el sistema democrático
y garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y la conquista
de su bienestar, para que la gobernabilidad democrática sea una realidad en
nuestra región.
Como ciudadano de
América invito a trabajar juntos para que los principios democráticos que nos
unen nos permitan alcanzar la justicia social, la libertad y la democracia
plena, que es aspiración de nuestros pueblos.
Muchas gracias
Redaccion: ANDRES MATOS
Publicacion: PAVEL CAMPOS
Informa:
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